La Asociación de Radioemisoras sostiene que la flamante Ley de Telecomunicación le da al Estado el control del 33% de las frecuencias. Otro 33% será para los movimientos sociales y pueblos indígenas, afines al Gobierno.
La Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada el jueves en la noche por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, y legisla sobre todo el universo de medios de comunicación incluyendo internet. Para cobrar vigencia sólo falta la promulgación del presidente Evo Morales.
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, sostuvo que la ley "profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales".
Una de las disposiciones establece que los privados solo tendrán 33% de las licencias de radio y televisión, otro 33% dispondrá el Estado, un 17% serán medios al servicio de organizaciones sociales y el restante 17% para organismos de los pueblos indígenas, estas dos últimas generalmente afines a la actual administración.
"Esta ley que el presidente Morales ha hecho aprobar por la Asamblea que controla va en la dirección de restringir la libertad de expresión y de información y se suma otras normas que aprobó el gobierno", destacó desde Miami Claudio Paolillo, copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En sintonía, para el dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, el gobierno "acaparará el espectro electromagnético".
Actualmente más del 93% de las televisoras y medios escritos son privados y críticos con la administración. La radio es el principal medio de comunicación y está controlado por la Iglesia Católica, que mantiene una relación fría y distante con Morales y los privados. El gobierno controla una red de "radios comunitarias" que en los últimos años creció, según informes oficiales.
"El gobierno tendrá control del 67% de las licencias de radio y televisión porque los medios de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas van a sumarse al 33% que tiene Estado para emitir un mensaje afín" a la administración de Morales, sostuvo Paolillo.
La Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora) dijo que unas 400 emisoras podrían cerrar en 2017 cuando concluyan sus licencias si se restringe a los privados el acceso a las frecuencias.
Para el senador David Sánchez, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, el gobierno busca "equidad social" en el control de las frecuencias y que la mayoría pase a control estatal "no implica que respondan al gobierno".
Otra disposición que abrió polémica señala que "las escuchas telefónicas se producirán en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, y los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de autoridades la emisión, transmisión y recepción de telecomunicaciones que le sean requeridas". Por eso, expertos y opositores han dicho que el gobierno podrá tener a su disposición todos los medios electrónicos y redes de telecomunicación en situaciones de "conmoción nacional".
La senadora opositora Senta Reck opinó que las escuchas telefónicas darán lugar a una "persecución" de los opositores, pero el presidente del Senado, René Martínez, declaró que la ley "está en el marco de la Constitución y no vulnera derechos".
"En todos los países se reconocen estados de excepción y la ley no vulnera garantías constitucionales, la oposición está haciendo una bandera política" con el tema, dijo Martínez.
La ley también obliga a las emisoras a transmitir gratuitamente dos mensajes del presidente del país al año, uno de ellos en el aniversario de su juramento (enero) y otra cuando informe a la Asamblea Legislativa y al país en el aniversario patrio (6 de agosto).
Asimismo regula las tarifas de la telefonía que están entre las más caras de la región y alienta el acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet, en zonas rurales donde este servicio es casi inexistente.
La diputada oficialista Amalia Saravia dijo que la norma "garantiza al ciudadano el acceso a los servicios en condiciones de calidad y precios más bajos que los actuales". Paolillo, en tanto, sostuvo que la norma "se suma a otras que están en camino en Argentina y Ecuador y a leyes aprobadas en Venezuela, en el marco del eje bolivariano, que son claramente contrarias a la noción de libertad de expresión".Fuente...Infobae.com
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