No le otorgó asistencia especial desde el gobierno alperovichsita a un adolescente discapacitado.
Un afiliado a la obra social Subsidio de Salud denunció penalmente a la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social, Nelly Ganin, por abandono de persona y violación de deberes de funcionario público por no brindar asistencia a su hijo discapacitado.
Se trata de Eduardo Joaquín Bolivar quien en el fundamento de la denuncia indicó que su hijo de 14 años padece retraso mental moderado, perturbación de la actividad y de la antención y transtorno del lenguaje expresivo por lo que necesita concurrir a escuelas comunes y además de la maestra de grado, recibir el apoyo de la maestra integradora y de la integradora social.
“Mi hijo cursa desde los siete años sus estudios en colegios privados con el apoyo y asesoramiento de un gabinete multidisciplinario conformado por fonoaudióloga, pedagoga, psicóloga, maestra integradora y por una integradora social.Durante todos estos años tuvo un avance importante gracias a esta formación, pero actualmente se me hace imposible poder afrontar los gastos que este equipo me genera”, indicó.
También remarcó que el Subsidio de Salud como obra social, es quien hacerse cargo del pago de los honorarios de la maestra integradora, de la integradora social, de la pedagoga, de la psicóloga y de la fonoaudióloga, servicios por lo que paga actualmente 3.800 pesos.
Entre otras cosas Bolivar precisó que el trámite adminsitrativo lo inició hace más de un año y nunca tuvo ninguna respuesta.
“Mi familia se encuentra conformada por mi esposa que sufre de un enfermedad crónica terminal, una hija de once años y mi hijo con capacidad especialñ, no recibiendo por ninguno de ellos subvención especial por sus discapacidades y siendo yo la única persona que trabaja en la familia”, expresó.
Por su parte el abogado de Bolivar, Pablo Rivera acotó que la maniobra de la obra social consiste en denegar a todos los posibles beneficiarios las prestaciones, y otorgarles a las personas con influencia política y obligar a los demás a presentar amparos en la Justicia.
“Esta denuncia persigue que estos funcionarios inescrupulosos respondan penalmente por sus acciones, ya que actuan con un total desprecio por la legislación de discapacidad en plena vigencia. Fuente...Contexto.com.ar
Se trata de Eduardo Joaquín Bolivar quien en el fundamento de la denuncia indicó que su hijo de 14 años padece retraso mental moderado, perturbación de la actividad y de la antención y transtorno del lenguaje expresivo por lo que necesita concurrir a escuelas comunes y además de la maestra de grado, recibir el apoyo de la maestra integradora y de la integradora social.
“Mi hijo cursa desde los siete años sus estudios en colegios privados con el apoyo y asesoramiento de un gabinete multidisciplinario conformado por fonoaudióloga, pedagoga, psicóloga, maestra integradora y por una integradora social.Durante todos estos años tuvo un avance importante gracias a esta formación, pero actualmente se me hace imposible poder afrontar los gastos que este equipo me genera”, indicó.
También remarcó que el Subsidio de Salud como obra social, es quien hacerse cargo del pago de los honorarios de la maestra integradora, de la integradora social, de la pedagoga, de la psicóloga y de la fonoaudióloga, servicios por lo que paga actualmente 3.800 pesos.
Entre otras cosas Bolivar precisó que el trámite adminsitrativo lo inició hace más de un año y nunca tuvo ninguna respuesta.
“Mi familia se encuentra conformada por mi esposa que sufre de un enfermedad crónica terminal, una hija de once años y mi hijo con capacidad especialñ, no recibiendo por ninguno de ellos subvención especial por sus discapacidades y siendo yo la única persona que trabaja en la familia”, expresó.
Por su parte el abogado de Bolivar, Pablo Rivera acotó que la maniobra de la obra social consiste en denegar a todos los posibles beneficiarios las prestaciones, y otorgarles a las personas con influencia política y obligar a los demás a presentar amparos en la Justicia.
“Esta denuncia persigue que estos funcionarios inescrupulosos respondan penalmente por sus acciones, ya que actuan con un total desprecio por la legislación de discapacidad en plena vigencia. Fuente...Contexto.com.ar
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